La crisis se nota cada vez más en la salud, en un contexto de empeoramiento de las condiciones sociales. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires la mortalidad infantil aumentó un 27% en el 2011. También en Jujuy aumentó la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Sigue sin solución el grave problema de la desnutrición y malnutrición infantil, en un país que produce alimentos para 300 millones de personas. Por otro lado la pérdida de puestos de trabajo en blanco reconocida fue de 350.000 entre setiembre 2011 y marzo 2012. A esto hay que sumarle las pérdidas de trabajo no reconocidas (en negro). Esto hace que más gente requiera el sistema público de salud, evidenciando aún más la sobresaturación crónica que padece. Además sabemos que la propia situación de pérdida de la estabilidad laboral genera importantes efectos sobre la salud de los trabajadores y sus familias. Decía con mucha razón Ramón Carrillo: “Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas.”
La crisis del recurso humano no sólo
no se ha resuelto sino que se ha agudizado. La cantidad de personal asignado es insuficiente y su
distribución inadecuada, especialmente en las zonas rurales del interior de las
provincias. En algunas provincias no llegan a cubrirse los cargos de
especialistas en el sistema público. Existe un déficit de 90.000 enfermeros en
todo el país. Esto se debe centralmente a los bajos salarios y a la sobrecarga
de trabajo en el sistema público, que hacen que muchos prefieran trabajar en
clínicas privadas. No hay que olvidarse que varios hospitales que fueron
“inaugurados”, aún no cuentan con personal suficiente ni insumos para su
correcto funcionamiento, como por ejemplo el “hospital” de Lugano y otros. Mientras,
continúa la precarización laboral de los trabajadores de la salud. Hay ejemplos
en todos los ámbitos.
En
la provincia de Buenos Aires intentaron dilatar el pago de aguinaldos y, frente
al reclamo de los trabajadores, se intentaron pasar la pelota entre la
presidenta Cristina Kirchner y el gobernador Scioli (PJ) para ver quién pagaba
el costo político del ajuste. En Jujuy los profesionales nucleados en APUAP
están llevando a cabo un plan de lucha por aumento de salario, mejoras en las
condiciones laborales, nombramiento e insumos que aún sigue en curso. En Santa
Fe los profesionales de la salud han protagonizado alrededor de 20 días de paro
frente al Gobierno de Bonfatti (FAP). En el Hospital Nacional Posadas hay 600
trabajadores precarizados, algunos con “antigüedad” de más de 10 años. De hecho
casi la totalidad de las guardias son cubiertas por trabajadores precarizados,
algunos con monotributo y otros con contratos de renovación anual. Hay una
importante lucha de los trabajadores de este hospital desde hace varios años.
En el Hospital Milstein de PAMI, todos los profesionales son monotributistas. Por
eso pudieron desafectar a 27 profesionales de un día para el otro sin pagar
indemnización, situación que está siendo resistida en difíciles condiciones.
Otro ejemplo paradigmático es el programa nacional de Médicos Comunitarios,
destinados a la atención primaria de la salud (APS) en todo el país, donde
todos los profesionales están en negro, como monotributistas con sueldos
miserables. ¡Da bronca escuchar discursos de funcionarios del Ministerio
hablando de la importancia de la
APS !
¿Y los insumos?
En el último año ha pasado a un lugar
central la denuncia de la falta de insumos, destacándose el caso de la Provincia de Buenos
Aires. Esto se da en
forma desigual pero que afecta a una importante cantidad de hospitales y
centros de salud. Por un lado tenemos la ejecución a cuentagotas de las
partidas para insumos y por otro el problema del cierre a las importaciones de
insumos hospitalarios sin el debido
reemplazo con producción nacional. Se ha
registrado falta de material descartable (como llaves de tres vías, guías para
suero y vías centrales, introductores, a veces hasta gasas), material de
contraste, reactivos; cada vez se observa más dificultad en obtener medicación
oncológica, antibióticos especiales, psicofármacos, etc. En los centros de
atención primaria son casi inexistentes los insumos para salud bucal. También
es importante la compra de material de mala calidad. Esto resulta en una peor
atención de los pacientes. Hasta se utilizan fondos del plan NACER, con
financiamiento del BID, para compras de insumos corrientes. Esta situación se
ha agudizado en el último año, como
muestran las reiteradas denuncias de la FESPROSA.
Aceleran la privatización y tercerización
Ante la crisis los gobiernos, lejos
de fortalecer el sistema público de salud, llevan adelante ajustes y aceleran
las políticas de privatización. De esta manera el Estado (nacional, provincial y municipal)
se desliga de algunos problemas de
presupuesto y además crea la “oportunidad” de hacer varios negociados con la
salud, o mejor dicho con la enfermedad. Por ejemplo, en el Hospital Cesar
Milstein (ex Frances), efector propio de PAMI que depende del Ministerio de
Salud de la Nación ,
han cerrado 3 servicios y dejando a 27 profesionales sin trabajo. Uno de estos
es Oftalmología, esto se debe a presión directa de los efectores privados para
no perder la cápita, sería mucho más conveniente que PAMI contara con estos servicios de calidad para los
jubilados, pero para eso se deben afectar intereses de clínicas privadas. Este
es un ejemplo crudo de como el Estado adecúa el sistema público a los intereses
de la salud privada.
En la Ciudad de Buenos Aires, el
gobierno de Macri (Pro) continúa con sus políticas privatizadoras. Recientemente
acaba de firmar el Decreto 260/12 con el que busca profundizar un modelo empresarial
y médico-hegemónico para la salud pública. Otro ejemplo es el desmantelamiento
del Hospital Borda que avanza cada vez más. En el Hospital de Niños han
intentado concesionar un lugar dentro del hospital para colocar una casa de la
fundación Ronald Mc Donald. Esto hasta ahora ha sido frenado con la lucha de
los trabajadores de la salud y un amparo, pero el conflicto aún no termina.
Se
siguen impulsando políticas de los 90´s como la descentralización hospitalaria
y la autogestión, que en realidad significan tercerización y desentendimiento
por parte del Estado en el sostenimiento de la salud, como denuncian por
ejemplo el Sindicato Médico de San Juan y APROSA.
En
la provincia de Buenos Aires se han paralizado obras de remodelación y
ampliación de algunos hospitales del Conurbano como por ejemplo el Eva Perón de
San Martín, donde hace meses está paralizada la construcción de una sala de
emergencias y remodelación de algunas áreas. De esto hay ejemplos en casi todo
el país.
¿Cuál es la política de Estado para la salud?
No
ha habido una política de producción pública y nacional de insumos ni
medicamentos en los años de crecimiento a “tasas Chinas”. La ley de producción
pública de medicamentos aprobada en el
2011 sigue sin reglamentarse, mientras que la ley antiterrorista no se tardó ni
una semana en hacerlo. Siguen manteniendo los programas financiados por el BID
y el Banco Mundial como el REMEDIAR, el NACER y recientemente se ha lanzado el
plan Sumar, que para el 2013 se planea ampliar. Estos programas focales son
paliativos, mantienen la fragmentación del sistema y pueden constituir
negociados con la salud. Es así que no existe un plan integrado de salud acorde
a las necesidades del pueblo. Estos problemas estructurales del sistema público
se han agudizado con la crisis actual. Ya
Ramón Carrillo había criticado este tipo de programas fragmentados,
contraponiéndolos a un verdadero plan integrado de salud como el que él llevó
adelante.
La
política de este Estado no tiene como objetivo sostener un sistema público al
servicio de la salud del pueblo, sino que es un sistema orientado a la
contención social y por eso está crónicamente desbordado. En este sistema, las
malas condiciones de trabajo generan enfermedad también en los trabajadores de
la salud. Se ven muchos casos de depresión, síndrome de burnout y trastornos de
ansiedad entre trabajadores principalmente de las guardias de emergencia y de
demanda espontanea en hospitales y
centros de salud, que son justamente, la
primera línea de esa “contención social”. También se generan situaciones de
violencia con los usuarios y los familiares que ante la impotencia de estar en
un sistema sobresaturado que no resuelve las necesidades de salud, descargan
erróneamente esa bronca en los trabajadores de la salud, que somos quienes
estamos al lado del pueblo y lamentablemente este sistema nos pone en la
situación de dar la cara por las necesidades básicas que el Estado no resuelve.
En
definitiva, la crisis económica desnuda aún más las graves carencias del
sistema público. Ramón Carrillo en 8 años construyó y estructuró un sistema de
salud público prácticamente de la nada. Este Gobierno en 9 años, con un
crecimiento económico nunca antes visto, si bien realizó algunas mejoras,
mantuvo la misma estructura del sistema público de salud de los años ´90. Incluso,
hoy hay 52.000 camas menos que cuando Ramón Carrillo finalizó su gestión en el
Ministerio de Salud en 1954. Hoy, del total del “gasto” en salud, sólo el 21,5%
sale del sector público, el 30,3% de la seguridad social y el 48,2% del sector
privado, o sea del bolsillo de la población. Esta proporción no ha cambiado
sustancialmente desde los años ´90. Se
perdió una oportunidad de restructurar todo el sistema de público de salud.
Del
mismo modo en los últimos años, más que generarse una matriz productiva
nacional independiente, se fue profundizando un modelo de dependencia basado en
la exportación de productos agropecuarios y minería. Así se ha profundizado la
concentración y extranjerización de la industria; también el latifundio. La extensión
de la frontera agrícola y la sojización tiene su correlato en el aumento de los
asentamientos precarios urbanos, generándose graves conflictos sociales
alrededor de la tierra para vivir y producir que se sigue llevando la vida de campesinos
y trabajadores. En definitiva estamos
cada vez más acoplados a la crisis.
Nuestros reclamos
Hoy
la gran pulseado es sobre si la crisis
se va a descargar sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo o si vamos
a poder cambiar la historia abriendo paso a la liberación nacional y social. Frente al ajuste la CTA y otras organizaciones
vienen de realizar el paro nacional del 10 de octubre con movilización a Plaza
de Mayo y en todo el país. Esta medida es la continuación del paro nacional del
8 de junio. Estas medidas deben servir para profundizar los reclamos en cada
lugar, avanzando en la recuperación y organización sindicales y en la lucha del
pueblo por su salud.
Reclamamos en forma urgente:
- Aumento de presupuesto para salud, en todos los ámbitos: hospitalario, centros de salud e investigación.
- Pase a planta de todos los trabajadores de la salud, basta de precarización laboral. Aumento de salarios acordes a la inflación real. No al tope en las asignaciones familiares.
- 82% móvil para las jubilaciones de todos los trabajadores de la salud.
- Derogación del impuesto al salario. Impuestazo a monopolios, terratenientes y bancos.
- Insumos en tiempo, cantidad y calidad acorde a las necesidades. Producción Pública Nacional de medicamentos e insumos
- Incentivar la formación profesional continua orientada a las necesidades de la comunidad, de calidad y en condiciones dignas de trabajo.
- Participación de usuarios y trabajadores en la planificación de las políticas de salud.
- Derogación de la Ley Antiterrorista. Basta de criminalización de la protesta.
- Por la declaración de la emergencia en violencia sexual y doméstica contra las mujeres. Por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y acceso a abortos voluntarios legales provistos por el sistema de salud.
- Por políticas públicas ante el problema de las adicciones y medidas efectivas contra el narcotráfico.
- Por políticas y acciones que actúen sobre los determinantes en salud: trabajo, educación, vivienda, alimentación, recreación, agua potable, cloacas, cuidado del medio ambiente, etc. para toda la población.
- Para garantizar el derecho a la salud, por un sistema nacional de salud público, universal, gratuito, de calidad, accesible geográfica y culturalmente a toda la población.